La desaparición de cuatro niños en Guayaquil ha generado indignación y movilizado a familias, vecinos y organizaciones sociales. Este lunes, en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas, los presentes clamaron: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, mientras exigían acciones inmediatas y justicia por los hechos ocurridos el pasado 8 de diciembre en el barrio Las Malvinas.
La noche que marcó un antes y un después
Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, junto con sus amigos Saúl Arboleda y Steven Medina, salieron a jugar fútbol aquella noche. Según sus familiares, hombres vestidos de militares los detuvieron y los trasladaron hacia Taura, una zona donde se encuentra una base militar. Aunque lograron comunicarse brevemente con uno de los menores, quien denunció haber sido golpeado, desde entonces no se sabe nada de ellos.
Confirman participación militar
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, admitió que los niños fueron retenidos por una patrulla militar en un supuesto operativo contra un robo. Según Loffredo, “los menores fueron dejados en libertad” tras ser aprehendidos, pero su paradero sigue siendo desconocido.
Familias piden el regreso con vida
Entre lágrimas y súplicas, los familiares de los niños imploraron justicia.
“Queremos a nuestros hijos vivos. Ellos no son delincuentes, son jóvenes estudiantes y deportistas,” manifestó Luis Arroyo, padre de dos de los desaparecidos.
Por su parte, Johanna Arboleda, madre de Saúl, expresó: “Que los militares los regresen vivos, así como se los llevaron. Esto no es vida sin nuestros hijos.”
Organizaciones denuncian irregularidades
El abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), calificó el caso como una “desaparición forzada” y criticó a la Fiscalía por haber iniciado la investigación como un secuestro.
“Esto refleja un patrón de abuso de poder, tortura y desapariciones en barrios populares. La demora en el proceso es inaceptable,” enfatizó Bastias.
Reacción del Gobierno y Asamblea Nacional
El presidente Daniel Noboa declaró: “No permitiremos encubrimientos. Haremos que prevalezca la justicia.”
En una sesión de la Asamblea Nacional, la legisladora Paola Cabezas presentó un video en el que se observa a los menores siendo subidos al balde de una camioneta militar. La Asamblea aprobó la fiscalización del caso, mientras las familias siguen esperando respuestas.
Investigaciones en curso
La Fiscalía allanó este lunes la Base de Taura, señalada como lugar donde podrían haber llevado a los menores. Sin embargo, tres altos mandos militares convocados a comparecer en la Asamblea no asistieron y presentaron excusas, lo que aumentó el malestar social.
“Cada día sin noticias de los niños es una herida que no cierra. Exigimos verdad y justicia,” concluyeron los abogados de los familiares.